El pasado 6 de agosto de 2024, ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que ha generado un intenso debate en torno al tratamiento jurídico del ingreso clandestino al país y su relación con la comisión de delitos. Este proyecto, presentado por los senadores José Miguel Durana, Iván Flores, Manuel José Ossandón, Jaime Quintana y Paulina Vodanovic, busca modificar el Código Penal chileno para incluir el ingreso clandestino al país como una circunstancia agravante en la comisión de delitos. Esta propuesta se encuentra contenida en el Boletín 17026-07 y tiene como principal objetivo endurecer las penas para aquellas personas que ingresan ilegalmente a Chile y luego cometen un delito.
A continuación, analizamos en detalle los aspectos clave de este proyecto de ley y su posible impacto en la legislación y política migratoria de Chile.
¿Qué plantea el proyecto de ley?
El proyecto de ley propone agregar una nueva circunstancia agravante, la número 24ª, al Artículo 12 del Código Penal chileno. La nueva disposición establecida sería la siguiente:
«Cometer el delito habiendo ingresado clandestinamente al país, en cuyo caso la pena será aumentada en dos grados, más la accesoria de deportación, una vez cumplida la privativa de libertad.»
Esto significa que, de aprobarse esta modificación, cualquier persona que haya ingresado de manera irregular a Chile y cometa un delito, verá aumentada su pena en dos grados. Además, se establece la sanción accesoria de deportación, que se ejecutará una vez que la persona cumpla con la pena de privación de libertad impuesta por el delito cometido.
Contexto del Proyecto
El tema de la migración, y específicamente del ingreso clandestino a Chile, ha sido un asunto de creciente preocupación en el debate público y político del país en los últimos años. Chile, al igual que muchos países de la región, ha experimentado un aumento en la inmigración, particularmente desde países como Venezuela, Haití, y Bolivia. Este fenómeno ha generado diversas reacciones, desde la apertura y bienvenida a inmigrantes que buscan mejores oportunidades, hasta la preocupación por el aumento de la irregularidad en los procesos de ingreso y permanencia en el país.
Uno de los factores que impulsaron la presentación de este proyecto de ley es la percepción de que algunos individuos ingresan a Chile de manera irregular y posteriormente participan en actividades delictivas, lo que ha generado un sentimiento de inseguridad entre la población y una presión creciente sobre las autoridades para tomar medidas más estrictas. El senador José Miguel Durana, uno de los promotores del proyecto, señaló en su intervención que «es necesario fortalecer las herramientas jurídicas para proteger a la ciudadanía y garantizar que quienes ingresan de forma clandestina y cometen delitos enfrenten penas más severas».
Aumento de penas en dos grados: ¿qué implica?
En el sistema penal chileno, los delitos se clasifican y sancionan con penas que van desde las menos severas, como las penas de multa, hasta las más graves, como la reclusión perpetua. El aumento en dos grados de la pena significa que, por ejemplo, si un delito inicialmente tiene una sanción de presidio menor en su grado medio (que abarca de 541 días a 3 años), esta pena se incrementaría dos niveles, alcanzando el presidio mayor en su grado mínimo (que puede ir desde 5 a 10 años).
Este aumento de penas pretende generar un efecto disuasivo, tanto para quienes ingresan al país de manera irregular como para aquellos que, estando en situación irregular, cometen delitos. Al establecer una pena mayor, el legislador busca no solo castigar con más severidad a los responsables, sino también enviar un mensaje claro de que el ingreso clandestino tendrá consecuencias legales más graves.
Deportación como sanción accesoria
Una de las medidas más controvertidas del proyecto de ley es la deportación automática de quienes, habiendo ingresado clandestinamente al país, cometan un delito. Esta medida se aplicaría una vez que la persona cumpla con la pena de privación de libertad, lo que significa que tras cumplir su condena, el individuo sería deportado inmediatamente del país, impidiendo su reinserción en el territorio chileno.
La deportación como sanción accesoria ya existe en el ordenamiento jurídico chileno, pero en este caso se propone aplicarla de manera específica para los casos en que el delito haya sido cometido por una persona que ingresó de manera clandestina. Los defensores del proyecto argumentan que esta medida es necesaria para garantizar la seguridad pública y evitar la reincidencia delictual por parte de inmigrantes que han ingresado de manera irregular.
Implicaciones para la política migratoria
El proyecto de ley ha generado opiniones divididas en el espectro político y en la sociedad chilena. Por un lado, sus promotores argumentan que es una medida necesaria para combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos, especialmente en un contexto en el que el país ha experimentado un aumento en la percepción de inseguridad. Además, consideran que es fundamental establecer consecuencias claras para quienes ingresan de manera ilegal al país y luego cometen delitos, con el fin de disuadir estas conductas.
Por otro lado, los críticos del proyecto sostienen que esta iniciativa podría tener efectos contraproducentes en la política migratoria chilena. Algunos argumentan que vincular directamente el ingreso clandestino con el agravamiento de penas puede estigmatizar aún más a la población migrante, generando un clima de desconfianza y discriminación. También se señala que el proyecto podría vulnerar derechos fundamentales, como el derecho a la no discriminación y el principio de proporcionalidad en la aplicación de sanciones penales.
Desafíos legales y constitucionales
Desde una perspectiva jurídica, el proyecto también plantea algunos desafíos. Uno de los principales puntos de controversia es si el aumento de penas y la deportación obligatoria podrían considerarse desproporcionados en ciertos casos. El principio de proporcionalidad, que está consagrado en el derecho penal, exige que las penas sean adecuadas y equitativas en relación con la gravedad del delito cometido. En este sentido, algunos expertos han expresado preocupación de que la simple condición de haber ingresado de manera irregular no debería ser suficiente para justificar un aumento tan drástico en la pena.
Asimismo, la deportación automática tras el cumplimiento de la pena podría entrar en conflicto con derechos humanos básicos y tratados internacionales firmados por Chile, que exigen que los Estados respeten los derechos de las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio.
Conclusión
El proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para considerar como circunstancia agravante el ingreso clandestino al país plantea un debate crucial sobre la política migratoria y penal en Chile. Si bien sus promotores argumentan que es una medida necesaria para combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanía, sus críticos advierten sobre los riesgos de discriminación y vulneración de derechos fundamentales. La discusión en el Congreso y en la sociedad chilena determinará el futuro de esta iniciativa y su impacto en la relación entre migración y justicia penal en el país.
